Pepe Álvarez, líder de UGT, propone una indemnización mínima de seis meses y un salario mínimo interprofesional de más de 1.200 euros para despidos improcedentes
Álvarez (UGT) Defiende una Indemnización y SMI justos
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha presentado una propuesta audaz que busca proteger a los trabajadores de despidos injustificados. En una reciente declaración, Álvarez abogó por una indemnización mínima de seis meses para despidos improcedentes.
En este momento, la indemnización que contempla el Estatuto de los Trabajadores para los despidos calificados de improcedentes, según el art.56 es la siguiente:
«En caso de despido declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. «
Además, el máximo responsable del sindicato UGT, propuso que el salario mínimo interprofesional (SMI) debería ser superior a 1.200 euros, superando el actual, que es de 1.080 en 14 pagas.
El Contexto de la Propuesta
La propuesta surge en un momento en que muchos trabajadores enfrentan inseguridades laborales. Álvarez señala que el actual sistema no desalienta suficientemente a las empresas de realizar despidos sin una causa justificada. Al establecer una indemnización mínima, se espera que las empresas reconsideren antes de tomar decisiones precipitadas que afecten la vida de sus empleados.
Salario Mínimo Interprofesional: Un Cambio Necesario
Además de la indemnización, Álvarez también puso énfasis en la necesidad de revisar el SMI. Según él, un SMI de más de 1.200 euros no solo proporcionaría una vida digna a los trabajadores, sino que también reflejaría adecuadamente las demandas y responsabilidades actuales.
Respuesta y Repercusiones
La propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras algunos aplauden la iniciativa de UGT y ven esto como un paso en la dirección correcta, otros creen que podría tener repercusiones económicas para las empresas. Sin embargo, lo que es innegable es que ha abierto un debate necesario sobre los derechos de los trabajadores y la estructura salarial en el país.