La pandemia ha agravado la situación y cada vez son más el número de familias que se ven en riesgo de exclusión social.
Cuando aún nuestro país se encontraba en el último impulso para terminar de salir de la crisis originada en 2008, la pandemia volvió a sacudir los cimientos de la economía de miles de familias, aumentando los niveles de pobreza a niveles históricos.
A día de hoy, unos 1,8 millones de hogares en España carecen de acceso a medios como internet o móvil, lo que se conoce como apagón digital, algo tan esencial, cotidiano y básico para tantas personas.
La crisis no deja de acrecentarse y muestra de ello es que «la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%«, según el último informe de la Fundación FOESSA en colaboración con Cáritas, unas cifras superiores a las registradas en la crisis de 2008.
Andalucía y Canarias las más afectadas
Pero no en todas las regiones la pobreza golpea por igual, y tampoco lo hace en los mismos rangos de edad. Se estima que en España hay 2,7 millones de jóvenes, que tienen entre 16 y 34 años, que están atravesando un proceso de exclusión social grave, y que como bien sabemos tienen más dificultades para encontrar un primer empleo.
Las dificultades económicas obligan a muchas familias a recortar gastos en cosas esenciales como la alimentación, la ropa o el calzado, sobre todo en las comunidades de Andalucía y Canarias, donde se concentran la tasas más elevadas de exclusión social de nuestro país.
La precariedad laboral es uno de los principales detonantes de esta situación, que arrastra a que miles de familias tengan que hacer malabares para llegar a fin de mes. Según Raúl Flores, Secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas en España, “se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”.
Para combatir esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha recientemente un bono de alquiler para jóvenes, y mantendrá los ERTE y el escudo social de momento hasta febrero, aunque parece que no alcanza para mejorar la calidad de vida de una población que se enfrenta a una tasa de paro del 14% y a uno de las peores cifras de desempleo juvenil en Europa.
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